Sevilla.- Representantes de la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva (FADIE) han solicitado hoy a la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, que promueva que en Andalucía se implante la custodia compartida de los hijos tras el divorcio, al igual que en Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Representantes de la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva (FADIE) han solicitado hoy a la consejera de Justicia, Begoña Álvarez (en la imagen), que promueva que en Andalucía se implante la custodia compartida de los hijos tras el divorcio, al igual que en Cataluña y la Comunidad Valenciana. EFE/Archivo
En la reunión con la consejera, de algo más de una hora de duración, los representantes de FADIE también han solicitado que se establezca la liquidación de bienes con carácter obligatorio a la vez que el divorcio, que la mediación la conciliación sea igualmente obligatoria en los casos de divorcio y que la Junta inste al Gobierno a legislar en este sentido.
La liquidación de bienes en el momento del divorcio está prevista ya en países como Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Finlandia y Noruega, entre otros, dijo a Efe José Luis Sariego, abogado y portavoz de FADIE.
La federación ha pedido igualmente que los técnicos de los equipos psicosociales de los Juzgados de Familia sean rotativos, para que "no se perpetúen".
FADIE también es partidaria de fijar por ley la creación de órganos de análisis y control de los equipos psicosociales adscritos a los Juzgados de Familia, que son competencia de la Junta de Andalucía.
También ha solicitado la creación de protocolos de actuación para todos los especialistas que realicen pruebas relativas a la guarda y custodia de menores en procesos de separación, con la finalidad de homogeneizar criterios y garantizar los mismos servicios a los usuarios en todo el territorio autonómico.
La Federación también pretende que se endurezca la normativa legislativa que sanciona con medidas civiles y penales las conductas de obstrucción de la relación parentofilial, en relación con el incumplimiento del régimen de visitas por parte del progenitor custodio del menor.
FADIE también ha demandado con anterioridad la creación de, al menos, un servicio de mediación familiar por cada partido judicial, así como facultar al juez para que, de forma preceptiva, dirija a las partes en litigio a conocer este servicio antes de iniciar la vía contenciosa siempre que haya menores, y conozca la disposición que muestran al acuerdo.
Según Sariego, la consejera de Justicia le ha ofrecido a FADIE a colaborar en un programa educativo para escolares sobre la resolución pacífica de conflictos desde la igualdad de trato.
La mayoría de los hombres no maltrata a las mujeres en el ámbito conyugal. De ahí la falsedad de un porcentaje importante de denuncias que se presentan por violencia doméstica, ya sea física o psicológica. Sobre todo de la que van acompañadas de una demanda de divorcio, que persiguen -y en general consiguen- un trato favorable de sus señorías. Lo afirmó ayer Carmen Ordoño, doctora en Derecho e investigadora sobre la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. El maltrato existe, por supuesto, pero no en la proporción que se denuncia, puntualizó Ordoño, ponente de una conferencia sobre la prueba pericial en los cursos de verano de la sede baezana Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía. Precisamente, el peritaje es un buen instrumento para quienes son acusados injustamente por sus parejas. «Pueden pedir a un psicólogo que les haga un informe de su personalidad o que analice a sus hijos para intentar rebatir la acusación».
Ordoño lamentó que se instrumentalice a los jueces de violencia conyugal, a los que piden que apliquen el sentido común en sus resoluciones, por cuanto, aunque no aparece en la ley, es esencial a la hora de emitir la sentencia. «Los jueces tienen mucho poder y, por lo tanto, pueden hacer mucho daño», agregó.
Al igual que en los divorcios, el peritaje es clave en cualquier tipo de procesos, según señaló esta experta, quien resalta la importancia de contar con los testimonios que aportan al juzgado conocimientos especializados, tanto técnicos como científicos o artísticos, sobre hechos complejos.
Este año el Gobierno, a través de su delegado, ha reconocido la interposición de denuncias falsas relativas al maltrato doméstico por primera vez desde que se promulgó la ley que les dio luz verde hace ahora casi cinco años. Hasta ahora se negaban con rotundidad, argumentando que tal tipo de denuncias no existían, que quienes alertaban sobre ello banalizaban la violencia de género y no tenían credibilidad por haber sido calificados como maltratadores o desmerecer de sus cargos por sus rasgos machistas (esa palabra paralizante) o, últimamente, que el porcentaje de denuncias falsas no es mayor que en cualquier otro delito y se sitúa en torno a un 4%, el mismo porcentaje que el de mujeres muertas a manos de sus parejas con respecto al total de homicidios. Las asociaciones de mujeres que más han clamado por la desaparición de la tolerancia ante las conductas tipificadas como violencia de género han llegado a invocar el terrorismo como referente para fijar en la mentalidad colectiva la imagen del supuesto maltratador y siguen clamando ante cualquiera, jurista o no, que se refiera al abuso de las denuncias falsas, vesánicas, retorcidas, o “interesadas”, como recientemente las valorara el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. De las reclamaciones de las feministas radicales se hace eco el delegado del Gobierno para la violencia de género cuando compara a los asesinos de mujeres que después se quitan la vida con terroristas suicidas, como integrantes de una banda organizada, e insta a no cejar en la denuncia y a no retirarlas, recordando que éstas terminan en condena en un 70% de los casos. No destaca, sin embargo, que entre esos condenados hay hombres que han estado encarcelados por falsas denuncias desveladas posteriormente en el mismo Juzgado. La triste plusmarca reconocida está en once meses en la cárcel por una de ellas, pero quién sabe si ahora mismo estará ya batida.
En lo que coinciden todos los sectores afectados es en que se persiga tanto a quien interpone las denuncias falsas como a los maltratadores, algo que no necesita un especial apoyo desde el momento en que ya lo prescribe el código penal. Todos consideran que es especialmente pernicioso para la credibilidad de las verdaderamente violentadas, pero siguen sin verse las condenas ni la mención clara a los violentados por estas denuncias. El delegado del Gobierno, que los cuantifica en 18 afectados, apela a la responsabilidad de los abogados pero no dice por qué los considera a ellos como responsables ni que más se plantea hacer el Gobierno al respecto con esos, pongamos, 18 letrados. Hace ya dos años que los abogados del turno de oficio declararon a través del Observatorio sobre Justicia Gratuita su percepción del abuso, como también lo hicieron la Asociación Independiente de la Guardia Civil, María Sanahuja, Alfonso Guerra o Joaquín Leguina, además de otros juristas o sociólogos. Pero no se supo qué hacer con esa verdad y se siguió recurriendo a un silogismo: dado que algunos hombres son indeseables, es preciso no criticar el abuso de la ley contra la Violencia de Género para no ofrecer argumentos que luego pudieran explotar aquellos otros que la critican, por extensión también indeseables. Con él, nadamos en la verdad utilitaria, aquella que ya no es tal verdad sino pura ideología; la otra verdad no es rentable. En el camino quedan acalladas las voces de unos cuantos hombres considerados en el grupo genérico de los indeseables y de sus hijos, por más que no quieran soportar la injusticia a cambio de un dudoso beneficio de las verdaderas victimas. Dudoso, porque desde que se promulgó la ley hace cinco años la cifra anual de víctimas no ha descendido. Siendo una ley que ha desarrollado especialmente su lado punitivo inmediato y no el educativo, no se explica bien cómo no ha ocurrido ya el descenso. Si llegara a hacerlo años adelante se atribuiría al impacto de la ley sin valorar el coste social que haya tenido entre tanto. Mientras, las víctimas por accidentes de circulación han descendido en cuanto ha entrado la ley de puntos.
Se crea una imagen para legislar y gobernar, mientras que las cifras reales no se ofrecen con claridad. Se reconocen 18 casos de denuncia falsa que están siendo investigados. Reparemos en que 18 casos no son el 4% reconocido de 150.000, media anual de denuncias por violencia de género en los últimos años, y subiendo. El 4% son 6.000, y no 18. El 30% de las denuncias que no termina en condena son 45.000, y no 18. Deducimos entonces que alguien no hace bien su trabajo, que se pide un esfuerzo para soportar una injusticia que determina vidas y generaciones, que las cifras no terminan de casar con el coste de juzgados, departamentos ministeriales, centros e institutos en cada localidad, puntos de encuentro familiar, etc., y que hay un margen demasiado amplio para la denuncia sesgada.
Pese al pequeño giro en las declaraciones gubernamentales seguimos sin tener una palabra, un cartel, un euro de entre los millones que se emplean en las campañas contra la violencia de género dedicados a alentar a los hombres a que igualmente denuncien, pues también a ellos les pegan, les amenazan y les insultan, y a veces hasta les matan sus parejas, aunque no haya ni siquiera estadísticas y sean ellos quienes finalmente se lleven la denuncia y las órdenes de alejamiento que tienden a poner los jueces en exceso. En exceso, pues el porcentaje de las concedidas siempre supera al de las condenas finales, en ocasiones hasta en 20 puntos, en ese “por si luego pasa algo”. Se puede objetar que a veces la condena no llega por falta de pruebas en un delito realizado en la intimidad al igual que se puede argumentar que hay condenas que se han firmado sin más prueba que la declaración de la interesada en el mismo contexto de intimidad en el que queda todo oscurecido, como han probado en sus carnes los inocentes excarcelados que han salido en las noticias. El maltrato de pareja al hombre sigue estando bajo el silencio del negacionismo, y mucho más si se aspira a una compensación. Reconocerlo equivaldría a reconocer que la violencia es doméstica antes que de género y que la ley que la regula ahora mismo en nuestro país, tal y como funciona, sólo tiene equivalencia entre aquellas que se estudian en los libros sobre el totalitarismo, cuando hubo que demostrar no la culpabilidad sino la inocencia (como en el periodo de McCarthy). A esa semejanza se refirió un miembro de nuestro Tribunal Constitucional en su voto particular, avisando del riesgo de que la ley creara un derecho penal general y otro especial, como se hizo con los judíos, negros, homosexuales, gitanos y discapacitados, mientras que otro de los componentes de ese Tribunal que también emitió su voto particular desvelaba que en las deliberaciones se había tenido en cuenta el ingente trabajo que supondría revisar todos los casos si se declaraba la anticonstitucionalidad de la ley, algo que no necesitaría precisamente la Justicia en nuestro país desde el punto de vista administrativo.
Mientras no se reconozca que hay maltrato también sobre los hombres, y que lo hay por parte de sus parejas heterosexuales; mientras no se acote el límite de riesgo y alcance de las denuncias falsas, temerarias, desmedidas; mientras no se desligue el efecto inmediato de la interposición de cualquier denuncia de género de los procesos civiles de divorcio, se estará banalizando la violencia. Banalizar la violencia es permitir a la ley que supuestamente la condena que sea la égida de otra más extensa, profunda y duradera. Banalizar la violencia es oír y leer comentarios sobre el beneficio del extermino de los hombres, especialmente del macho ibérico (sic) o sobre el paralelismo vindicativo entre lo que hacía el señorito alardeando públicamente en el café de haber violado a una joven del pueblo y la situación actual (sic), cuando además ambos ya hace tiempo que no existen. Banalizar la violencia es presentar una imagen peyorativa de todos los hombres, un poco tontos, un poco inútiles, un poco violentos, un poco inmaduros, porque ahora os toca a vosotros chicos, siempre intentando alardear del tamaño de vuestro miembro cuando lo que las mujeres queremos es inteligencia (sic una autopromocionada feminista). Banalizar la violencia es referirse a un “riesgo objetivo” que sólo lo es en la autojustificación de autos y sentencias. Banalizar la violencia es considerar que todos los hombres tienen rasgos machistas y que quien no entienda muy bien los beneficios del trágala de la ideología de género sea considerado como el mayor de ellos, creando a partir de ahí un enemigo social colectivo a controlar, uno que justifique lo que se hace desde la ley y los presupuestos.
El alcance de la justicia está equívocamente colocado bajo el signo del número de muertes, porque argumentar basándose en el mayor número de uno u otro bando, de uno u otro sexo, no es ni siquiera históricamente razonable. Justifica la preeminencia de la ideología de género en las leyes pero no por ello hace más justicia ni consigue limitar los crímenes. Podría hacerse más analizando el origen de esas muertes, cuyo resultado no puede dar pie a extender a todo el universo masculino la prepotencia machista más ciega, como ocurre actualmente: “la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres” (art.1). La realidad generalizable es otra. En nuestro país la relación de accidentes laborales con resultado de muerte es de 95 hombres por cada 5 mujeres, la crisis se ha cebado antes y con más profundidad en el sector laboral masculino que en el femenino, cuya tasa de paro ya hace unos años que es inferior a la masculina, y los resultados académicos de los hombres son peores desde hace años que los de las mujeres, arriesgando así un futuro que debiera estar apoyado especialmente en la educación y en la igualdad de oportunidades. Las custodias de los hijos siguen siendo monoparentales para la madre en más del 90% de los procesos de divorcio contenciosos. Si atendemos a las cifras y a los resultados, tal vez debamos deducir que la ley contra la violencia de género se está banalizando a sí misma al pretender por medios imposibles lo que no ha sido capaz de alcanzar: protección de la vida y limitación del abuso, distribución de justicia, e igualdad y compensación social.
En el presente trabajo se analizan los resultados de 230 estudios empíricos sobre la violencia en la pareja, recopilados a partir de las principales bibliografías especializadas en la materia y con arreglo a un único criterio de bidireccionalidad, es decir, medición de la violencia perpetrada o sufrida por ambos miembros de la pareja heterosexual. En contradicción con las tesis oficiales predominantes, que asignan al varón la condición de perpetrador y a la mujer la de víctima como roles casi exclusivos, se constatan niveles similares de perpetración y victimización para hombres y mujeres en muestras representativas de la población general; y mayores niveles de victimización masculina en muestras obtenidas entre poblaciones jóvenes. También en contradicción con las tesis oficiales predominantes, que consideran que la violencia femenina es básicamente defensiva, se constatan mayores niveles de iniciación de las agresiones físicas y perpetración de violencia física no recíproca por las mujeres.
“La violencia en la pareja: bidireccional y simétrica”. Análisis comparativo de 230 estudios científicos internacionales. ISBN 978-84-935246-1-6
Hay hombres que se depilan el pecho y no son deportistas ni metrosexuales. Lo hacen para que descanse sobre su regazo, piel con piel, su bebé prematuro. Esos mismos hombres, si la atención médica que necesita su hijo excede a su exiguo permiso de paternidad, aparcan su actividad laboral para poder adormecer cada tarde a su criatura. Apenas un kilo, el cuerpo cableado por electrodos, sondas, catéteres, y un gorrito blanco que te recuerda la promesa de una infancia por delante a pesar de que hayan tenido que aprender a sobrevivir antes de vivir. En la unidad de neonatología de Sant Joan de Déu, las enfermeras más veteranas me cuentan cómo ha aumentado la presencia de hombres en sus salas, padres ejerciendo de padres que abocan sobre la cuna de metacrilato lo mejor de sí mismos. Sus hijos nacieron demasiado pronto, cuando aún requerían del útero para que su cerebro y sus pulmones se acabaran de formar.
Su dedicación a menudo les trae problemas, y bajo esa estúpida declaración de principios que dice que las empresas no son oenegés, muchos son amonestados por asistir a suprimera conquista silenciosa: que su hijo se haga lo suficientemente fuerte para llorar. Aseguran los expertos en el método Canguro que el contacto con la respiración y el latido de madres y padres contribuye a que los neonatos regulen el ciclo del sueño y disminuyan su frecuencia cardiaca en mayor medida que si permanecen en la incubadora. Allí pasan más frío, oyen ruidos y se asustan, mientras que la implicación de los padres resulta un bálsamo según dicen en el Clínic, donde se han inspirado en el modelo nórdico potenciando el "cuidado centrado en el desarrollo". Las caricias son terapéuticas. En esas burbujas donde la gravedad de la vida se cierne sobre la mejor de las esperanzas, los pequeños responden a los estímulos cuando se produce el más leve intercambio: cubrirles con una manta, acariciarles la planta de los pies, susurrarles pequeñas palabras sentados en butacas reclinables. Y el pecho depilado.
Me persigue esa imagen cuando, tras entrevistar a las enfermeras, vuelvo a casa y acuno a mi hija de cinco meses. Tanta intimidad robada a la asepsia hospitalaria, pese a los peúcos verdes. Hay muchos más ejemplos que atestiguan la implicación de los hombres en el ejercicio de su paternidad, una de las revoluciones más significativas que han protagonizado los varones en los últimos años. La justificación de su entrega en el papel paterno se articula siempre a través de la mujer: si intentan conquistar el espacio privado es porque ella ha salido del mismo, explicación plana donde las haya. El viejo modelo de padre se reducía a la autoridad y al control, apenas existía una transferencia afectiva, si acaso a través de la madre, mientras ahora para muchos es una barbaridad tener que esperar quince días para ver a su hijo. Liberados del manual de atributos que definía al "hombre de verdad", hoy son conscientes de que no hay una construcción de la identidad del hijo sin una construcción paralela de la identidad del padre. Pero la geometría identitaria tiene aristas y nuestra sociedad se topa con el lugar común del padre desentendido, o del que se entera de que tiene hijos cuando se separa.
La custodia compartida, las pensiones impagadas o las divorciadas que utilizan a sus hijos como seguros de vida protagonizan uno de los debates más tensos de la actualidad, larvas que envenenan el tejido social y que avivan la guerra entre sexos. Hace unos años, el Gobierno sueco llenó las ciudades de anuncios donde se veía a unhombre marcando bíceps con un bebé durmiendo en su antebrazo. El eslogan decía: "Este tiempo no volverá". Directo al hipotálamo. Mañana, día del padre –excelente coartada comercial y excusa para que los niños de primaria hagan manualidades–, recordaré a esos nuevos padres con su ternura depilada.
Leídas las últimas noticias publicadas por diversos rotativos de tirada nacional, a fecha de hoy, la Asociación Ambos quiere hacer saber lo siguiente:
Defendemos el beneficio de los menores, su derecho a crecer bajo los cuidados de ambos progenitores, su derecho a relacionarse en iguales condiciones tanto con su madre como con su padre y las familias extensas.
Defendemos la custodia compartida preferente porque asegura al niño a mantener lazos afectivos, tiempo y cuidados cotidianos con ambos progenitores.
Defendemos la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, madres y padres que deberán compartir después de la separación o divorcio tanto las obligaciones como los beneficios de disfrutar de la crianza de sus hijos.
Son muchos ya los estudios y profesiones tanto nacionales como extranjeros que avalan la custodia compartida como el mejor modelo para el bienestar de los niños:” Los niveles más elevados de ansiedad en los hijos de padres divorciados se manifiestan sobre todo en el plano psicofisiológico y motor...", determinan Mireia Orgilés, José Pedro Espada, ambos de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) y Xavier Méndez Carrillo, de la Universidad de Murcia, firman un trabajo en el último número de la revista 'Psicotema' [publicación del Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias]. Sobre todo si su custodia no es compartida. "Este hecho es muy importante en el desarrollo de los hijos, y en este sentido, defendemos claramente la opción de la custodia compartida. La Ley dice que se conceda de esta forma casi como último recurso cuando debería ser el primero", recuerda a elmundo.es José Cantón, del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada.” (El mundo 10 de Octubre de 2008)
Muchos países ya lo han adoptado tanto en Europa como en Perú y Brasil donde ha prevalecido el asegurar el equilibrio emocional como el desarrollo personal de los menores.
Que se modifique en el texto la frase "Responsabilidad Parental con carácter compartido” por "Custodia Compartida", sin necesidad de mutuo acuerdo.
Pedimos a las autoridades legislativas catalanas que no cedan a las presiones de los grupos que hacen del divorcio y de los hijos un negocio, lejos de proteger su normal crecimiento y la verdadera igualdad entre sexos.
Asimismo, queremos recordar que apoyamos y asistiremos a la manifestación convocada el 30 de noviembre por la inclusión de la Custodia Compartida como norma preferente en el Libro II del Código de Familia.
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía vuelve a dar muestra de su totalitarismo al “robar” unos niños haciéndose cargo unilateralmente de la custodia de los mismos tras entregárselos la madre por no poder hacerse cargo de ellos. En ningún momento los funcionarios de la Junta de Andalucía se han puesto en contacto o tomado en consideración la existencia del padre así como han obviado la existencia de la Ley y de una sentencia judicial por la que ambos progenitores tenían la patria potestad compartida.
Padres y madres separados de Sevilla han comenzado hoy a recoger firmas en la Plaza de España, algo que harán en sábados sucesivos, para pedir que se regule la custodia compartida para los menores afectados por el divorcio de sus padres.
Miembros de la asociación "Ambos" han instalado en la Plaza de España una mesa para recoger firmas y una pancarta en la que se leía "Custodia compartida, sí. Síndrome de alienación parental, no. Denuncias falsas, no".
Al lado de la mesa, unos niños portaban carteles con el lema "Con mamá y con papá".
Según el portavoz de esta asociación, Domingo González Alonso, esta movilización es una llamada a la sociedad por la existencia de menores que se ven privados de sus padres y de sus familias paternas tras los divorcios.
"Ambos" ha sido una de las asociaciones organizadoras de las manifestaciones en demanda de la custodia compartida que se han celebrado en Madrid y Sevilla y, con anterioridad a estas concentraciones semanales, han repartido octavillas sobre la inexistencia de la custodia compartida en España en aeropuertos, comisarias y juzgados.
